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CAPACITACION EN COSTOS Y GESTION

Tarea para 2007 en Chile: la economía de la oferta

El decepcionante crecimiento de la economía chilena muestra que el principal problema radica en el nivel del funcionamiento de los mercados específicos, lo que lleva al tema de la regulación.

El término de año es una oportunidad propicia para realizar un recuento del período, identificando sus aspectos positivos y negativos. Este ejercicio resulta particularmente interesante en lo que se refiere al desempeño de la economía chilena durante el presente año. Por una parte, resulta desalentador comprobar que la tasa de crecimiento de la actividad será sustancialmente inferior a las proyecciones oficiales de mediados de año, en circunstancias que el cuadro externo ha sido mucho más favorable que lo previsto. En efecto, mientras a comienzos de año el Banco Central estimaba un crecimiento del producto del orden de 5,8%, cifra que poco después el Ministerio de Hacienda situó en 5,7%, la realidad es que finalmente la economía habría registrado una expansión en torno a 4,3%.

Dicho resultado no sólo es mediocre en circunstancias normales, sino que en especial en un contexto externo marcadamente favorable. Así, se estima que los términos de intercambio habrían registrado un incremento superior a 25% durante el presente año, al tiempo que la economía mundial habría crecido en un 5,1%, de acuerdo a estimaciones del Fondo Monetario Internacional. Esta tasa es la más alta de los últimos veintiséis años, con la sola excepción del año 2004, cuando la economía mundial creció 5,3%.

Disciplina macro

En el plano positivo, me parece importante destacar la disciplina con que las autoridades fiscales se han apegado al cumplimiento de la regla de administración de las finanzas públicas vigente, no obstante las presiones para llevar a cabo un mayor gasto, en momentos en que la economía muestra un magro crecimiento, como se indicó.

En esta misma línea, es destacable la elaboración de un esquema de administración de los recursos generados por la bonanza de términos de intercambio, conducente a optimizar el retorno de éstos, al tiempo que se busca minimizar el efecto depresivo sobre el tipo de cambio real. También es importante destacar la credibilidad del mercado en el compromiso de la autoridad monetaria con un determinado rango meta de inflación, que se aprecia sólida en los precios de los instrumentos financieros y también en las encuestas de expectativas.

Para algunos economistas, la menor elasticidad del gasto fiscal a los cambios en los términos de intercambio podría explicar -en buena medida- la escasa reacción de la economía al cuadro externo. Me parece que esta explicación es poco razonable. Una cosa es que se logre reducir la amplitud de los ciclos en torno a una tendencia y otra diferente es que en un cuadro favorable la economía crezca por debajo de las estimaciones de crecimiento de tendencia.

Algo claramente no está funcionando. Desde luego, no se puede desestimar la presencia de factores puntuales -aunque no por ello transitorios- que podrían explicar en parte el menor crecimiento de la actividad, como el mayor costo de la energía. Sin embargo, no parece razonable atribuir a éstos la sustancial brecha entre las proyecciones y la realidad, dado el entorno en que ello ocurre.

Tareas pendientes

De este breve recuento es fácil desprender que los problemas de la economía chilena no están en lo "macro", sino a nivel del funcionamiento de los mercados específicos, lo que lleva al tema de la regulación y la forma en que los entes correspondientes la ejecutan. Lo primero es un campo más habitual en la discusión económica, en términos de establecer si una determinada intervención del gobierno en un mercado se justifica y -si la respuesta fuese afirmativa- el paso siguiente consiste en establecer si la forma escogida es la adecuada. El segundo aspecto es poco debatido a mi juicio, pero no por ello es menos importante. Éste se refiere a la forma en que organismos públicos -como la Conama, la Dirección del Trabajo u otros- desempeñan la tarea que se les ha encomendado. Desde el punto del proceso de toma de decisiones de inversión y empleo de las empresas, éste evidentemente no es un tema trivial y justifica un análisis detenido.

En una reciente intervención pública, el ministro de Hacienda ha destacado la importancia de promover la inversión y el empleo. Más allá del debate de las propuestas específicas, me parece valioso que se destaque en la agenda económica para el año 2007 el análisis de la estructura de incentivos que incide en las decisiones de inversión y empleo de las empresas. A este respecto es necesario recordar que un porcentaje importante de las empresas del país son pymes, las que por sus características son particularmente sensibles a cambios en el marco regulatorio y en la disposición de los entes reguladores para ejecutarlo. De hecho se estima que alrededor de un 70% del empleo lo genera este tipo de empresa, habitualmente intensivas en mano de obra y, por lo tanto, muy sensibles a los movimientos del costo de contratación.

De este modo, una estrategia efectiva de promoción del crecimiento debe comenzar reconociendo que los incentivos sí importan. Por otro lado, una política pro igualdad de oportunidades no puede soslayar el hecho de que el primer eslabón dentro de esta estrategia es la creación de empleo, especialmente para aquellos grupos más pobres.

El establecimiento de "reglas" para organizar la gestión macroeconómica ha sido -incuestionablemente- un avance en la configuración de un clima más amistoso con el crecimiento. El paso siguiente -y que más le ha costado dar a este gobierno y también a los anteriores- es la aplicación de un mayor "activismo microeconómico", lo que se traduce como una acción sistemática dirigida a: eliminar distorsiones, promover la competencia y mejorar en la calidad de las instituciones públicas y las regulaciones que generan. Se trata de retomar -en su real dimensión- la "economía de la oferta".

En esta estrategia, parece imprescindible llevar a cabo una evaluación más rigurosa y sofisticada de la gestión de los diferentes organismos públicos encargados de implementar y/o supervisar leyes y regulaciones.

Francisco Rosende, Decano Facultad de Economía y Administración de la Universidad Católica.
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