Bolivia: las trabas de Evo Morales para cumplir
Evo Morales se enfrenta a los agricultores bolivianos por la reforma agraria que prometió llevar adelante. La nacionalización de la industria de la energía, decretada en mayo, fue "suspendida temporalmente". A ello se suman dificultades para implementar su reforma agraria.
La ceremonia fue elaborada y llena de símbolos políticos. El mes pasado, acompañado por bailarines y músicos tradicionales, Evo Morales, el primer Presidente de Bolivia con ascendencia indígena, adornado con flores y subido en un tractor chino, lanzó de forma oficial su reforma agraria entregando 2.301 títulos de tierras estatales.
El Mandatario boliviano prometió redistribuir un total de 20 millones de hectáreas, en las que se incluyen tierras privadas que fueron identificadas como "improductivas", obtenidas de manera ilegal o usadas para la especulación. Pero la oposición y los agricultores están viendo cómo bloquear las reformas.
Morales fue elegido en diciembre pasado asegurando que quería "refundar" la república más pobre de Sudamérica bajo lineamientos de mayor justicia para los indígenas.
Hasta ahora, él ha demostrado un instinto para el teatro político, pero no ha podido cumplir con sus promesas principales. La nacionalización de la industria de la energía, decretada en mayo, fue "suspendida temporalmente" en agosto y la semana pasada renunció el ministro de Energía, Andrés Soliz Rada.
En septiembre, la Asamblea Constituyente constitutiva degeneró en una pelea de puñetes, seguida por una salida de los delegados y huelgas de los trabajadores protestando en contra del deseo de Morales de forzar cambios mayoritarios a través de un voto de mayoría simple.
La reforma de agraria es otra gran iniciativa. Para su lanzamiento oficial eligió Ucureña, una ciudad pequeña cercana a Cochabamba, un lugar donde un anterior gobierno revolucionario lanzó la primera reforma de la tierra de Bolivia en 1953.
Una segunda reforma en 1996 bajo Gonzalo Sánchez de Lozada creó un mecanismo para hacer contratos de propiedad para las tierras indígenas e introdujo un impuesto a la tierra.
Aún así, casi el 90% de la tierra productiva del país aún está en manos de sólo 50 mil familias, mientras que 4/5 de la población rural permanece en la pobreza. Morales espera revertir esto con su "revolución agraria" a favor de los grupos indígenas y las comunidades de trabajadores. Se focalizará en las tierras bajas del este.
Los agricultores están enfurecidos y han jurado crear grupos de autodefensa para proteger su tierra, pero el gobierno dice que muchos de estos agricultores, que tienden a estar entre los bolivianos más blancos, deben sus tierras a los últimos gobiernos militares, y que muchas de esas tierras fueron quitadas a comunidades indígenas.
Álvaro García Linera, el Vicepresidente, ha acusado a los agricultores de practicar "sistemas de extorsión similares a los de los gángsters". Los agricultores replican que ellos son empresarios eficientes a los que se está apuntando por razones políticas, y acusan al gobierno de adoptar un modo "fundamentalista" basado en el principio de que "si uno no es aymará o quechua, no merece la tierra".
Ellos alegan que la planeada distribución de la tierra ya ha causado que los bancos limiten sus préstamos y ocasionó la salida de inversionistas extranjeros.
Muchos de los beneficiarios serían emigrantes del Altiplano, con pocos conocimientos de la agricultura. "Si no trabajamos juntos en términos de tecnología y conocimiento, esto no va a ser un éxito", dice Gabriel Dabdoub, de la Cámara de Comercio de Santa Cruz.
Bajo la ley de 1996, la tierra sólo puede ser revertida al Estado si sus propietarios no pagan los impuestos. Morales quiere cambiar esto para permitir que el Estado también pueda tomar la tierra que no está siendo trabajada. Si el Congreso no aprueba la legislación, debe "cerrarlo", dice.
El Presidente ha despertado las esperanzas de los pobres. Si éstas se ven frustradas, podría haber violencia. En junio mataron a un hombre en un choque con la policía tras una invasión de tierra. El 20 de septiembre, los campesinos pobres, algunos grupos indígenas y los sindicatos del comercio empezaron a establecer barricadas alrededor de Santa Cruz como protesta contra las tentativas de la oposición de bloquear las reformas.
The Economist
La ceremonia fue elaborada y llena de símbolos políticos. El mes pasado, acompañado por bailarines y músicos tradicionales, Evo Morales, el primer Presidente de Bolivia con ascendencia indígena, adornado con flores y subido en un tractor chino, lanzó de forma oficial su reforma agraria entregando 2.301 títulos de tierras estatales.
El Mandatario boliviano prometió redistribuir un total de 20 millones de hectáreas, en las que se incluyen tierras privadas que fueron identificadas como "improductivas", obtenidas de manera ilegal o usadas para la especulación. Pero la oposición y los agricultores están viendo cómo bloquear las reformas.
Morales fue elegido en diciembre pasado asegurando que quería "refundar" la república más pobre de Sudamérica bajo lineamientos de mayor justicia para los indígenas.
Hasta ahora, él ha demostrado un instinto para el teatro político, pero no ha podido cumplir con sus promesas principales. La nacionalización de la industria de la energía, decretada en mayo, fue "suspendida temporalmente" en agosto y la semana pasada renunció el ministro de Energía, Andrés Soliz Rada.
En septiembre, la Asamblea Constituyente constitutiva degeneró en una pelea de puñetes, seguida por una salida de los delegados y huelgas de los trabajadores protestando en contra del deseo de Morales de forzar cambios mayoritarios a través de un voto de mayoría simple.
La reforma de agraria es otra gran iniciativa. Para su lanzamiento oficial eligió Ucureña, una ciudad pequeña cercana a Cochabamba, un lugar donde un anterior gobierno revolucionario lanzó la primera reforma de la tierra de Bolivia en 1953.
Una segunda reforma en 1996 bajo Gonzalo Sánchez de Lozada creó un mecanismo para hacer contratos de propiedad para las tierras indígenas e introdujo un impuesto a la tierra.
Aún así, casi el 90% de la tierra productiva del país aún está en manos de sólo 50 mil familias, mientras que 4/5 de la población rural permanece en la pobreza. Morales espera revertir esto con su "revolución agraria" a favor de los grupos indígenas y las comunidades de trabajadores. Se focalizará en las tierras bajas del este.
Los agricultores están enfurecidos y han jurado crear grupos de autodefensa para proteger su tierra, pero el gobierno dice que muchos de estos agricultores, que tienden a estar entre los bolivianos más blancos, deben sus tierras a los últimos gobiernos militares, y que muchas de esas tierras fueron quitadas a comunidades indígenas.
Álvaro García Linera, el Vicepresidente, ha acusado a los agricultores de practicar "sistemas de extorsión similares a los de los gángsters". Los agricultores replican que ellos son empresarios eficientes a los que se está apuntando por razones políticas, y acusan al gobierno de adoptar un modo "fundamentalista" basado en el principio de que "si uno no es aymará o quechua, no merece la tierra".
Ellos alegan que la planeada distribución de la tierra ya ha causado que los bancos limiten sus préstamos y ocasionó la salida de inversionistas extranjeros.
Muchos de los beneficiarios serían emigrantes del Altiplano, con pocos conocimientos de la agricultura. "Si no trabajamos juntos en términos de tecnología y conocimiento, esto no va a ser un éxito", dice Gabriel Dabdoub, de la Cámara de Comercio de Santa Cruz.
Bajo la ley de 1996, la tierra sólo puede ser revertida al Estado si sus propietarios no pagan los impuestos. Morales quiere cambiar esto para permitir que el Estado también pueda tomar la tierra que no está siendo trabajada. Si el Congreso no aprueba la legislación, debe "cerrarlo", dice.
El Presidente ha despertado las esperanzas de los pobres. Si éstas se ven frustradas, podría haber violencia. En junio mataron a un hombre en un choque con la policía tras una invasión de tierra. El 20 de septiembre, los campesinos pobres, algunos grupos indígenas y los sindicatos del comercio empezaron a establecer barricadas alrededor de Santa Cruz como protesta contra las tentativas de la oposición de bloquear las reformas.
The Economist
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