Educación: ¿Motor de la seguridad social?
En los últimos 33 años, políticos de todos los colores condujeron a la educación básica y media a la misma postración que la reforma agraria -de los '60 y comienzos de los '70- provocó en el campo.
Inexplicablemente, la Universidad de Chile se inhibe de publicar la evolución de los puntajes de la PAA por colegio desde 1967 en adelante, lo que probaría la hipótesis de que en 1967-75 la mayor parte de los alumnos de mejor rendimiento en la PAA provenían de colegios públicos, al revés de hoy, en que la mayor proporción es de colegios privados.
En las universidades chilenas, los pedagogos son formados para que les digan a sus alumnos que repitan lo que dicen los libros. El Estatuto Docente estimula el igualitarismo en desmedro de la meritocracia. El cambio de la PAA por la PSU exacerbó el estímulo a formar "memoriones" y "borregos" en desmedro de los creativos.
La luz verde a la creación de universidades privadas -de diversa calidad- fue el único acierto educacional en los últimos 33 años.
El mercado le paga lo mismo a un estudiante con licencia secundaria -sin universidad- que a un estudiante sin estudios medios. La educación chilena -tanto pública como privada- compite tan sólo en los "potreros" de América Latina y pierde por goleada respecto de la de los países de Europa y Asia emergente.
Muchos integrantes de la Comisión de Educación se resisten a abandonar su "contribución" al actual marasmo educacional. Aun así, por primera vez se reconoce que estamos en presencia de un problema grave.
La carga fiscal por pensiones mínimas y asistenciales aún es elevada, y mientras persista la política educacional vigente, la enseñanza básica y secundaria seguiría siendo una fábrica de egresados que no califican para generar empleo e ingresos. La pobreza persistiría y la carga previsional del fisco en el largo plazo seguiría elevada.
La reforma previsional de 1980 le prestó a Chile significativos beneficios, pero falta la reforma clave: invertir en educación le entregaría a los niños de bajos recursos las herramientas para formarse y ser más productivos en el futuro, de tal forma que los futuros profesionales generarían ingresos suficientes para construir una digna jubilación privada en una AFP. El fisco reduciría su carga asistencial en aras de mayores inversiones en innovación y educación. Chile crecería más en el largo plazo.
El cáncer de la educación amerita entregar en "outsourcing" a un país del Asia-Pacífico la administración del sistema educacional de Chile, con exportación masiva de alumnos e importación sustantiva de profesores que compitan con los locales.
Hoy hay recursos disponibles -adicionales a los que se gastarán en la reforma previsional- para invertir en un "big bang" educacional que transforme desde las raíces el modelo de enseñanza, sacrifique la estabilidad de los profesores y fije la renta del magisterio en función del desempeño individual. Para ello, es necesario perfeccionar la regla fiscal y una disposición política para que la inversión en educación sea prioridad.
Leonardo Suárez, Economista
Inexplicablemente, la Universidad de Chile se inhibe de publicar la evolución de los puntajes de la PAA por colegio desde 1967 en adelante, lo que probaría la hipótesis de que en 1967-75 la mayor parte de los alumnos de mejor rendimiento en la PAA provenían de colegios públicos, al revés de hoy, en que la mayor proporción es de colegios privados.
En las universidades chilenas, los pedagogos son formados para que les digan a sus alumnos que repitan lo que dicen los libros. El Estatuto Docente estimula el igualitarismo en desmedro de la meritocracia. El cambio de la PAA por la PSU exacerbó el estímulo a formar "memoriones" y "borregos" en desmedro de los creativos.
La luz verde a la creación de universidades privadas -de diversa calidad- fue el único acierto educacional en los últimos 33 años.
El mercado le paga lo mismo a un estudiante con licencia secundaria -sin universidad- que a un estudiante sin estudios medios. La educación chilena -tanto pública como privada- compite tan sólo en los "potreros" de América Latina y pierde por goleada respecto de la de los países de Europa y Asia emergente.
Muchos integrantes de la Comisión de Educación se resisten a abandonar su "contribución" al actual marasmo educacional. Aun así, por primera vez se reconoce que estamos en presencia de un problema grave.
La carga fiscal por pensiones mínimas y asistenciales aún es elevada, y mientras persista la política educacional vigente, la enseñanza básica y secundaria seguiría siendo una fábrica de egresados que no califican para generar empleo e ingresos. La pobreza persistiría y la carga previsional del fisco en el largo plazo seguiría elevada.
La reforma previsional de 1980 le prestó a Chile significativos beneficios, pero falta la reforma clave: invertir en educación le entregaría a los niños de bajos recursos las herramientas para formarse y ser más productivos en el futuro, de tal forma que los futuros profesionales generarían ingresos suficientes para construir una digna jubilación privada en una AFP. El fisco reduciría su carga asistencial en aras de mayores inversiones en innovación y educación. Chile crecería más en el largo plazo.
El cáncer de la educación amerita entregar en "outsourcing" a un país del Asia-Pacífico la administración del sistema educacional de Chile, con exportación masiva de alumnos e importación sustantiva de profesores que compitan con los locales.
Hoy hay recursos disponibles -adicionales a los que se gastarán en la reforma previsional- para invertir en un "big bang" educacional que transforme desde las raíces el modelo de enseñanza, sacrifique la estabilidad de los profesores y fije la renta del magisterio en función del desempeño individual. Para ello, es necesario perfeccionar la regla fiscal y una disposición política para que la inversión en educación sea prioridad.
Leonardo Suárez, Economista
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